En febrero de este año, en la Región de Los Lagos, una adulta mayor de 79 años que vivía en una zona rural sufrió un problema con su fosa séptica. Acudió al municipio en busca de ayuda, pero fue ignorada. Días después, una vecina la encontró muerta dentro de la misma fosa. Vivía sola y en condiciones de aislamiento social, una realidad que afecta a muchos adultos mayores, especialmente a quienes enfrentan fragilidad o dependencia. Esta dolorosa historia nos confronta con una pregunta urgente: ¿dónde radica hoy la medida de nuestra dignidad?
Según los datos preliminares del Censo 2024 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 14% de la población en Chile tiene 65 años o más. En 2002, ese porcentaje era de 8,1% y en 2017, de 11,4%, evidenciando un envejecimiento sostenido. En regiones como La Araucanía, esta cifra alcanza un 15,2%. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) proyecta que el número de personas mayores pasará de 761 millones en 2021 a más de 1.600 millones en 2050.
El aumento en la esperanza de vida y la baja en las tasas de fecundidad explican esta tendencia demográfica. Vivimos más años y nacen menos personas. Esto no sólo conlleva a una mayor demanda de atención social y sanitaria: requiere también un cambio importante en cómo miramos los desafíos actuales en salud pública dentro de un contexto que evidencia, a su vez, pensiones insuficientes, discriminación laboral, acceso limitado a la salud, edadismo bancario, abandono y soledad, entre otros aspectos.
El tema del envejecimiento generalmente está presente en discursos políticos, pero suele quedar relegado en las prioridades una vez que se comienza a gobernar. Sin embargo, debemos reconocer los avances importantes en las últimas dos décadas. Por ejemplo, en 2008 se promulgó la Ley 20.255 que creó el pilar solidario, con beneficios como la pensión básica y el bono por hijo nacido vivo; en 2010, la Ley 20.427 tipificó el maltrato al adulto mayor y fortaleció su protección legal; y en 2022, el presidente Gabriel Boric respaldó un proyecto que promueve el envejecimiento positivo, buscando fomentar la autonomía, la independencia y la participación activa de las personas mayores. Lo anterior han sin importantes beneficios, pero aún persisten brechas críticas en financiamiento, acceso a servicios y cobertura.
Enfrentar el envejecimiento no se trata solo de extender la vida, sino de garantizar que esta etapa se viva con dignidad. Necesitamos políticas públicas que aseguren pensiones justas, acceso efectivo a servicios de salud con enfoque geriátrico, condiciones de vivienda adecuadas, espacios de integración y participación, y educación intergeneracional que promueva una cultura de respeto e inclusión.
La historia de la señora de Los Lagos no debe repetirse. Nos recuerda que envejecer es un destino común y que las decisiones que tomemos hoy definirán el país en el que también nosotros, algún día, seremos personas mayores.
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